La pesadilla de los desahucios

El boom inmobiliario no solo explosionó en una crisis económica enorme, sino también en una gran crisis social.

La crisis económica ha derivado en un aumento del desempleo hasta niveles realmente alarmantes, del 22.7% en abril de este mismo año. Cuando se habla de crisis sólo se enfatiza a nivel macroeconómico como puede ser el déficit, el PIB, prima de riesgo, etc. Pero a día de hoy todavía no se ha planteado una solución clara a muchos de los graves problemas que están sufriendo las familias, que, al fin y al cabo, son uno de los grandes pilares en la economía de un país.

El desempleo no sólo ha provocado problemas de Estado como pueden ser el aumento del gasto social debido a las prestaciones por desempleo y la falta de ingresos en las arcas estatales por el impago de los impuestos por parte de los ciudadanos. También ha provocado una gran crisis en las familias. La falta de ingresos en las familias ha hecho que muchas entren en situación de exclusión social, ya que no pueden hacer frente a pagos de facturas y de préstamos hipotecarios.

El impago de las hipotecas ha tenido como resultado una importante crisis social debido a los desahucios, unos 600.000 desde que empezó la crisis (teniendo en cuenta también locales comerciales). Entre 2012 y 2014 se quedaron sin su vivienda principal aproximadamente unas 100.000 familias.

Este hecho ha provocado que muchas de ellas se vean en la calle y en situación de desamparo. Además, numerosas familias, se han visto en el escenario de tener que ocupar viviendas que no les pertenecen. El Estado tendría que resolver el problema de la enorme cantidad de viviendas vacías que hay a día de hoy. La cantidad de viviendas sin habitar se debe, entre otras causas, tanto a las casas que los bancos han sacado a subasta y no ha comprado nadie como a las promociones de viviendas que las constructoras nunca llegaron a vender. El Estado debería frenar este torrente de desahucios, porque no sólo estamos hablando de las familias que se han quedado sin casa por el hecho de no poder hacer frente a sus pagos, sino de las personas que han avalado un crédito hipotecario. En la mayoría de los casos han sido padres, con sus viviendas pagadas, que han avalado a sus hijos, y que, a día de hoy, cuando su único ingreso es una pensión, se han visto desalojados de sus casas.

¿Cómo un país con un supuesto Estado de Bienestar ha podido permitir que tantas personas se vean sin un sitio donde vivir, cuando la misma Constitución dice que todos merecen tener una vivienda digna y adecuada? En el caso de Holanda, tras cuatro meses de no hacer frente al crédito, el banco se pone en contacto con el propietario para negociar el pago. En muchos casos se reduce dicho pago si no se puede hacer frente con la renta disponible. Como caso extremo, el propietario pone en venta la casa o el banco la saca a subasta, pero así la deuda queda zanjada. El Estado podría recurrir a soluciones similares para el caso de España y solucionar un problema tan serio.

El hecho de reducir la cuantía a pagar de la hipoteca en los casos en los que el impago se produzca por una disminución de la renta de las familias podría dar un respiro a dichas personas, pudiendo activar la economía de una forma indirecta, ya que las familias aumentarían su consumo porque no tendrían que destinar un alto porcentaje de su renta al pago de la hipoteca. Así, con un aumento del consumo aumentaría la producción a causa del aumento de la demanda. En consecuencia, se reduciría el paro y en última instancia aumentaría la renta y con ella la riqueza de las familias, por lo que podrían hacer frente de nuevo a la cuantía completa del pago mensual de su hipoteca.

Otro serio problema de los desahucios es que tras arrebatar las viviendas a las familias, éstas se quedan endeudadas de por vida, ya que la dación en pago no se contempla en la mayoría de los casos. El hecho de que tras entregar la vivienda no se salde la deuda supone que aunque las familias el día de mañana se recuperen nunca van a poder pedir otro préstamo a ninguna entidad financiera, ya que quedan marcadas por una mancha de morosidad.

Lo poco que se ha conseguido mejorar acerca de este tema ha sido gracias a plataformas sociales como anti desahucios y al Tribunal de la Unión Europea. Éste último ha sentenciado que el plazo de un mes para recurrir una sentencia hipotecaria es contrario a la legislación comunitaria. El Parlamento Europeo también ha llamado la atención a España por el gran número de desahucios y las prácticas desleales de la banca.

Como conclusión, parece lógico pensar que, de una forma u otra, se debería solucionar este grave problema que afecta a miles de personas en nuestro país y que está suponiendo una gran lacra para la recuperación.

Fuente: Economía digital